En la escuela y en la universidad aprendemos que el precio de un bien se ajusta a las leyes de la oferta y la demanda. Ese precio fluctuará de una región a otra y de una época a otra en función de infinidad de factores: Climáticos, geográficos, culturales, religiosos, tecnológicos y otros. Lo más notorio es que en el pasado lo que costaba mucho ahora ya no sirve. No solamente no tiene demanda (precio cero) sino que origina gastos para su eliminación. Esto demuestra que el precio es un atributo relativo de las cosas que no necesariamente va a coincidir con su valor real. La pregunta que surge es: ¿cuál es el valor real de las cosas?
¡Lo barato sale caro!
Este dicho popular se puede aplicar a la cultura del úselo y tírelo. Los productos baratos que consumimos dependen para su fabricación, de la extracción de recursos naturales cuyo costo no está incluido en el precio de venta. Los daños ocasionados al medio ambiente, representados por la degradación de ecosistemas y de los servicios que prestan como regulación del clima, biodiversidad, paisaje, aire y agua limpios, control de plagas y enfermedades, no están ni siquiera cerca de ser dimensionados a la hora de fijar el precio de los productos.
Tampoco se mide el alto costo que representa la gestión de residuos industriales y urbanos.
¿Cómo debería ser manejada la cuestión?
Se podría usar el dicho popular “El que rompe Paga” aplicado a la producción, logística y consumo de bienes, es decir, que el que lucra o disfruta paga. Todos los que intervenimos en la vida del producto (fabricante, transportista, comerciante y consumidor) somos responsables por los costos derivados y sus consecuencias para el planeta. Generalmente el precio no contempla esos costos y el daño antropogénico se va acumulando afectando a las futuras generaciones.
La buena noticia es que existe una creciente toma de conciencia para resolver el conflicto entre el precio de las cosas y su valor real. En el horizonte aparece el principio precautorio que hace referencia al conjunto de medidas de protección que se adoptan ante una situación en la que existe un riesgo, posible pero incierto, de infligir un daño a la salud pública o al medio ambiente.